Chingaquedito
San Andrés Tlalnelhuayocan / Coatepec.– Habitantes de comunidades de ambos municipios fijaron un posicionamiento público para denunciar los impactos a la salud, al medio ambiente y al derecho a la educación derivados del uso de plaguicidas altamente peligrosos en cultivos de papa en la cuenca alta del río La Antigua, y exigieron al Gobierno del Estado la declaratoria de emergencia sanitaria y ambiental.
El pronunciamiento se realizó el pasado 29 de marzo frente a la escuela primaria Escuela Primaria Adolfo López Mateos, en la comunidad de El Naranjo, plantel que permanece cerrado desde hace tres años luego de que fumigaciones con agrotóxicos provocaran intoxicaciones en niñas, niños y personal docente. Las comunidades señalaron que, en lugar de frenar las prácticas agrícolas nocivas, la respuesta institucional fue clausurar la escuela.
De acuerdo con el posicionamiento, desde hace 14 años —y de manera acelerada en los últimos cinco— el cultivo de papa con uso intensivo de agroquímicos se ha expandido en zonas cuya vocación productiva es agroforestal, afectando a comunidades como El Naranjo, Otilpan, Xolostla, Mesa Chica, Zoncuantla, Capulines y Xocotla. En varios casos, los cultivos se ubican a menos de un metro de viviendas, escuelas y fuentes de agua.
Las comunidades reportaron afectaciones graves a la salud, entre ellas asma, trombocitopenia, problemas hormonales y respiratorios en menores, así como tumores en adolescentes, además de desplazamiento forzado de familias. Subrayaron que esta subcuenca abastece cerca del 38% del agua que consume Xalapa, por lo que advirtieron que no se trata de un problema local.
Recordaron que el Reglamento Municipal de Ecología de Tlalnelhuayocan y el Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región Capital prohíben la aplicación de agrotóxicos a menos de 500 metros de núcleos poblacionales, además de citar la Recomendación 82/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que señala incumplimientos del Estado en la restricción de plaguicidas peligrosos. No obstante, denunciaron falta de aplicación de la norma y omisiones de autoridades municipales, estatales y federales.
Entre sus principales exigencias destacan: la aplicación del principio precautorio; una moratoria inmediata al uso de plaguicidas cerca de poblaciones y cuerpos de agua; vigilancia epidemiológica activa; la reapertura segura de la escuela Adolfo López Mateos; remediación de suelos contaminados; la instalación de una mesa interinstitucional con sede en Palacio de Gobierno y programas con presupuesto para la transición agroecológica.
El posicionamiento fue firmado por Comunidades Unidas de Tlalnelhuayocan y Coatepec, que advirtieron que continuarán impulsando acciones colectivas hasta que se garantice la protección de la salud, el agua y el medio ambiente en la región.
